La argentina Silvina Moschini vive hace 28 años en Estados Unidos y habla mitad en español y mitad en inglés a la hora de explicar por qué la denuncia de la SEC, el organismo regulador del mercado de valores norteamericano, es “bullshit”.
La entidad acusa de fraude por US$ 100 millones a la empresaria, a su firma Unicoin, y a sus socios Alex Konanykhin (también exmarido) y Alejandro Domínguez. Richard Devlin, abogado de la compañía, que también había sido apuntado, decidió llegar a un acuerdo por US$ 37.500. “Nos ofrecieron arreglar a nosotros también, pero no fue una opción”, dice la tandilense de 53 años desde Miami.
El negocio de Unicoin es el siguiente, según explica la empresaria: vende certificados que otorgan a los inversores el derecho a acceder a tokens (criptomonedas) de la empresa, una vez que realice el lanzamiento en un exchange o mercado, un proceso llamado ICO o initial coin offering.
La diferencia con las stablecoins (atadas a una cotización, como el dólar) o los memecoins (sin ningún respaldo, como $LIBRA) es que la empresa de Moschini promete que ese token estará respaldado por activos reales, como inmuebles. “Recaudamos US$ 100 millones de parte de 5.000 inversores (entre ellos argentinos). Pero yo no me quedé con esos millones de dólares, que es el monto por el cual nos acusan. Se fueron gastando en publicidad, auditores, abogados”, dice la ejecutiva, que viene del rubro de las Relaciones Públicas.
La base de la demanda de la SEC es que Unicoin vendía certificados que no estaban registrados en la Comisión de Valores, y que decía tener propiedades por valor de US$ 1.400 millones, cuando en realidad en su balance contabilizaban solamente inmuebles por US$ 300 millones.
Moschini está convencida de que la acusación es política y proviene de funcionarios que permanecen en la SEC del gobierno de Joe Biden y que lo único que buscan, a diferencia de Donald Trump, es trabar el desarrollo de las criptomonedas.
“Nosotros quisimos hacer una empresa transparente, que reporte sus balances a la SEC (lo hacemos hace 3 años) y hacer la ICO en Estados Unidos, donde no hay un marco regulatorio para criptomonedas, pero sí para securities (valores financieros). No es ilegal es disruptivo", explica.
-La SEC afirma que ustedes mentían en el valor de las propiedades que decían tener.
-Es que nosotros tenemos contratos auditados de “swap” (intercambio) con inversores que aportarán esas propiedades a cambio de tokens cuando hagamos la ICO. Las propiedades y los contratos existen, pero no están puestos en el balance por cuestión de impuestos. La SEC tergiversó la información solo contando activos que teníamos en el balance e ignorando los contratos de swap firmados.
-¿Y sobre la acusación de no estar autorizados por la SEC?
-Nunca dijimos que nuestros certificados estuvieran registrados en la SEC, porque no lo están. La denuncia es una campaña política de gente que quedó del legado de la guerra anticripto. La orden de (el ex titular de la SEC durante el gobierno de Joe Biden) Gary Gensler era ir contra las cripto y plantó personas dentro de la SEC para continuar su cruzada. Tenían la intención de asfixiarte. Estoy diciendo esto en Estados Unidos con la paz mental de que tengo pruebas y es validable. Quieren hacer ver mal a las criptos y nosotros somos un colateral, terminamos pagando por eso. Pasamos dos auditorías completas de un año de la SEC y cuando en septiembre del año pasado anunciamos que íbamos a hacer la oferta inicial de nuestra moneda, empezaron a mandar citaciones. Esas propiedades que no estaban en el balance, iban a estar luego del 30 de septiembre, con el ICO.
-¿Seguirán adelante con el lanzamiento de la criptomoneda?
-Si, haremos la oferta inicial el 26 de junio, pero fuera de Estados Unidos. Analizamos Dubai, Filipinas, aún no sabemos dónde. El bitcoin hoy está en sus valores máximos y no podemos dejar pasar el buen momento. Estoy tranquila. Hicimos todo “by the book” y no tengo miedo de exponer y patear el tablero.
-¿Cómo sigue la parte legal?
-Ahora debemos hacer un descargo de las acusaciones, desarticular punto por punto los alegatos, que son descabellados. El negocio de los juicios es terrible en Estados Unidos, cualquiera te puede demandar pero, como dice Elon Musk, no cualquier buena oportunidad es una estafa, no están entendiendo el modelo. Igual, creo que vamos a poder resolverlo políticamente.
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