Para una nueva ley de Cuidados en España, el país con más longevos de Europa

"El tiempo no remunerado que las mujeres dedican al cuidado de otros, en los extremos de la vida, equivale a dinero que se ahorran la familia, el esposo, el Estado y el mercado”, insiste la catedrática española Ángeles Durán Heras. Y no por consabida la lección, nos entró en la cabeza. Hace poco más de un mes concluyó en Argentina la prolongación de la moratoria previsional. El saldo es que ahora solo 1 de cada 10 mujeres, muchas de ellas ocupadas en trabajo doméstico, podrán jubilarse.

Doctorada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y economista, Ángeles Durán Heras fue la primera catedrática de sociología en su país y hoy investiga ad honorem en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

Es una destacada referente en el tema del trabajo no remunerado, con perspectiva de género; lo ha desarrollado en una docena de libros. Entre ellos se destacan Los costes invisibles de la enfermedad, El valor del tiempo ¿cuántas horas te faltan al día?, Tiempo de vida y tiempo de trabajo y El trabajo no remunerado en la economía global. Se puede acceder a los textos completos en la biblioteca Digital CSIC. En 2022, el honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coronó las distinciones previas en las universidades de Salamanca, Córdoba, Valencia y Granada

Por estos días, a sus prodigiosos 80+, colabora honorariamente en un proyecto para la reforma del Sistema de Cuentas Nacionales, sin el cual no se podrá avanzar en reformular la actual Ley Integral sobre Cuidado de personas. Escuchamos su conferencia durante el Programa Mujeres Líderes Iberoamericanas, que realiza la Fundación Carolina, de la Cancillería española, en su décima edición. El encuentro se llevó a cabo en Madrid entre el 2 y el 7 de marzo y asistieron a él destacadas feministas de la región, reunidas esta vez en conmemoración de los 30 años de la Cumbre de Naciones Unidas sobre la Mujer, en Beijing. Así retomamos la conversación.

–Además del ahorro en tiempo redituable que consiguen los esposos, hay que mirar que el trabajo de la mujer en cuidados, el menos monetarizado, se lo ahorra el mercado. Digamos en general, es un ahorro en empleos en blanco, me refiero a los costos de la reproducción de trabajo. Es el tiempo dedicado a cuidar niños y ancianos de la familia. Pero mientras los cuidados infantiles ya llevan unos 100 años creando instituciones, espacios y legislación ad hoc, hoy la tendencia que mete más presión en todo el sistema es el envejecimiento poblacional. Ha alterado todo el panorama.

–¿El cuidado infantil pasó a segundo plano?

–Hoy nacen muchos menos niños, de manera que con menos instituciones se puede atender a todos, mientras que el número de mayores ha crecido enormemente. Se trata de una tendencia firme también en Cuba y Uruguay, Chile y Argentina. Es que también en Latinoamérica está acabándose el bono demográfico.

–¿Cómo funciona esa ventaja en relación con los cuidados?

–El bono demográfico es un momento muy ventajoso para las economías: al haber controlado la natalidad; el estado se ahorra mucho dinero. Eso significa que nacen niños buscados, que la familia ha elegido cuándo tener, de modo que llegan con menos carencias de origen. No se trata de un fenómeno parejo ni nacional, claro. Por ejemplo, en Argentina y Brasil es llamativa la diferencia del bono demográfico entre ciudades e incluso entre barrios. Ahora nos llega la tendencia contraria, el envejecimiento de la población. En España tenemos zonas, en Castilla y Teruel, donde quedan tres ancianos viviendo junto a una iglesia maravillosa que no pueden cuidar.

–¿La inmigración no compensa este envejecimiento?

–No, pues los migrantes se afincan sobre todo en grandes ciudades y en las costas, en economías en crecimiento. Ciertamente, suple la demanda de mano de obra en cuidados hogareños, aunque no del mejor modo.

–Dijiste en tu conferencia que cada año aumenta tres meses la expectativa de vida.

–Claro, cada cuatro años, la población vive un año más en España. Es una tendencia sostenida que solo se detuvo durante la pandemia, cuando hubo mucha mortandad de ancianos. Por eso el cuidado de los niños no es comparable a la enorme presión que el envejecimiento pone sobre los servicios sanitarios y el sistema de pensiones.

Ya no sirve legislar a través de la familia

–¿En qué punto está la legislación en este país con la población más longeva de Europa?

–Trabajamos ahora en una reforma de nuestra ley original de autonomía, la Ley Orgánica 3/2007, en cuanto a obligaciones derivadas de la maternidad y de las obligaciones familiares. Aunque tiene menos de 20 años, nos ha quedado anticuada. Se trata de una propuesta que llevará la bancada del gobierno. En nuestro Código Civil, el art. 68 establece que la familia tiene la obligación de repartirse las tareas domésticas, con esto en su momento mejoraba para la mujer ese destino "natural” de proveer los cuidados. Pero ¿qué sucede? Hoy los jóvenes mayormente no se casan. Entonces uno ve que legislar a través de la familia ya sirve de poco y nada. Entre las novedades que derivan de la pandemia, vemos que todo el sistema de residencias de ancianos hay que renovarlo. Hay un problema gravísimo con las residencias, pues necesitamos aumentar la calidad del servicio pero esto supone duplicar el precio. Primero, importa la cantidad de personal, para una mejor ratio entre residentes y empleados. Otro objetivo es que los trabajadores cumplan menos horas de trabajo y estén mejor calificados. El ideal en esos ámbitos sería reproducir el ámbito de la familia todo lo posible.

–La prensa ha reflejado en estos meses el singular problema de los inmigrantes menores sin familia.

–Sí, son los llamados “menas” (menores emigrados no acompañados), es decir, no están a cargo de un adulto. Es un problema político de la máxima magnitud. Hay que decidir cuántos podrán ingresar y qué derechos tendrán. Al comienzo fueron jóvenes marroquíes, ingresados por las ciudades de Ceuta y Melilla, pero llegan cada vez más de toda África, donde hay una explosión de nacimientos. Tenemos las islas Canarias colapsadas, con días en que llegan hasta mil inmigrantes, muchos de ellos con un patrón singular. Los jóvenes suelen quemar su documentación, a fin de pasar por menores, dado que la ley les otorga beneficios. En marzo estalló la noticia de un muchacho de quien se sospecha que mató a su cuidadora, porque quería escapar de la casa. Estos casos suelen ser muy dramáticos, es cierto. Pero el problema más severo es la mencionada presión por el cuidado de los mayores.

Inmigrantes: cuidadoras todo terreno

–En las ciudades españolas, es habitual ver ancianos paseando acompañados de cuidadoras inmigrantes. La inmensa mayoría de estas cuidadoras son latinoamericanas.

–Sí, es mayoritario. Son elegidas por el idioma y suelen ser empleos domésticos precarizados, que ellas mantienen mientras arreglan sus papeles. En los servicios hogareños llegan al 40 %. No existen números oficiales pero en las residencias, las tareas bajas del cuidado las hacen latinoamericanas –cocina, limpieza y cuidados básicos–, mientras los médicos y enfermeras de complejidad son nacionales. Las residencias no se arriesgan a contratarlas en negro. Al mismo tiempo, España está mestizándose aceleradamente. Es un proceso sostenido, a través de matrimonios mixtos o de connacionales. Lo vemos tanto en inmigrantes recientes y de segunda generación, que buscan compañeros de la nacionalidad originaria de sus padres.

–¿Coincidirías en que el tiempo dedicado a cuidados está en el núcleo de la desigualdad de la mujer?

–Entre hombres y mujeres sí, ya no tanto entre clases sociales o grupos poblacionales. La mujer nace con una hipoteca de su tiempo, la obligación de brindar cuidados. Y aquí la inmigración lo complejiza aún más. ¿Cómo lo resolverá España, se va a "trumpizar"? No lo sabemos, el partido Vox va en esa dirección. Pero es indudable que la política histórica de España, con una inmigración poco regulada, lo que Vox llama “la patada en la puerta”, el inmigrante de prepo, ha sido la norma. Hoy día, por su volumen, trae nuevos problemas.

–¿Sigue repartida por sexos la inmigración? ¿De África llegan varones y de América Latina, mujeres?

–Antes solía ser así pero hoy hay muchas mujeres africanas que vienen solas a emplearse en la agricultura de temporada, en la cosecha de la fresa, por ejemplo. En teoría, ellas deben regresar pero no es algo que se persiga en España. Además, en general las mujeres solas llegan escapando de familias y entornos problemáticos. La mayoría de los varones vienen solos. Y todos ellos buscan quedarse y luego traer a sus familias. Pero una vez más, cuando lo miras con perspectiva de género, cabe preguntarse: ¿debemos destinar recursos a los cuidados de este último sector? Muy a menudo llegan pater familias con varias esposas y numerosos hijos.

–En tu conferencia en la Fundación Carolina, trazaste un paralelo entre la cantidad de operarios que requieren algunas máquinas sofisticadas y la que demanda un anciano.

–Para mi libro Los costes invisibles de la enfermedad, estudié las ratios de personal requerido en los cuidados, desde las clínicas más intensivas a las más económicas en personal, las de enfermos mentales jóvenes, que no están enfermos pero requieren de cuidadores. Es un número difícil de calcular pues muchos servicios hoy están tercerizados, pero concluí que se necesita un mínimo de tres cuidadores por interno. En España los cuidadores trabajan 37 horas semanales. Pero en cierto foro, mientras yo exponía sobre los cuidadores que requiere un enfermo de Alzheimer avanzado, un asistente que se encargaba de aparatología me dijo que ciertos telescopios requieren de cinco personas por día en turnos rotativos. Y yo pensé de inmediato que en el tema del Alzheimer; esto no es superfluo dado que se trata de un sector donde los trabajadores tienen un altísimo nivel de burn out. Que los cuidadores sigan sanos no es un asunto menor. Por otra parte, como las cuidadoras están sindicalizadas, hoy forman un colectivo de alta conflictividad gremial. Fueron los más conflictivos hace 4 años; presentaron demandas a la Magistratura, superando a los metalúrgicos y los del sector de transporte.