Otro revés judicial para Alberto Fernández: ordenan investigar a su gobierno por la compra de vacunas en la pandemia de Covid

En un nuevo revés judicial para el expresidente Alberto Fernández, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir y profundizar la investigación para determinar si hubo algún tipo de delito en las negociaciones por la compra de la vacuna Pfizer durante la pandemia de COVID-19.

La Sala I del mencionado tribunal, integrada por Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, revocó el archivo de la causa que había ordenado el juez federal Ariel Lijo a fines del año pasado, al desestimar las denuncias que le presentaron sobre el tema.

La decisión de la Cámara fue tomada porque "aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer".

La investigación abarca dos denuncias presentadas en 2021. Una de ellas fue la de un grupo de diputados opositores para que se investigue por qué el Gobierno no había comprado la inmunización; mientras que la segunda fue impulsada por los familiares de cuatro personas que murieron como consecuencia del coronavirus.

El primero de estos escritos lleva la firma de los entonces diputados nacionales Omar de Marchi, Waldo Wolff, Álvaro de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Jorge Enríquez y Federico Zamarbide.

La presentación judicial llevada a cabo en aquella ocasión fue para que se investiguen los motivos por los cuales la Argentina no habría logrado contar en tiempo y forma con los sueros para combatir el el COVID-19.

Tras la denegatoria de Lijo, el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la resolución y afirmó: “Es notoria la diferencia verificada en cuanto a los tiempos de tramitación de los distintos procedimientos de compra de vacunas, comparativamente hablando, en el que el concerniente a Pfizer evidencia un innegable aletargamiento, al amparo de la opacidad y falta de oportuno registro en el sistema informático respectivo”.

Frente a esta solicitud, los camaristas afirmaron que "en particular se advierte que la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación".

En este sentido, para la Cámara el núcleo de la cuestión es que "esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer”.

En ese sentido, "las distintas aristas reveladas por el apelante no pueden ser desestimadas sin la realización de las correspondientes medidas probatorias que diluciden esos interrogantes. Desde esa mirada, los elementos de convicción hasta aquí colectados resultan insuficientes para adquirir un estado de certeza negativo que permita solventar la decisión adoptada", señaló la Cámara Federal en un fallo al que accedió Clarín.

En efecto, "en consonancia con los acusadores, entendemos que aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios", agregó.

En particular "se advierte que la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación", resaltó.

Luego resaltó que "la ausencia de avance en este sentido impide efectuar un análisis respecto a los supuestos ilícitos que abarcan el objeto procesal. Esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer, situación que se incluye en la hipótesis criminal circunscripta en autos".

Antecedentes

A mediados de 2021, hubo una definición clave porque según dijo el gerente de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, en el Congreso fue el principal desacuerdo con el Gobierno por un contrato que iba a proveer al país casi 13 millones de vacunas anti coronavirus en marzo pasado.

Vaquer explicó que el desarrollo de una vacuna normal lleva entre 7 y 10 años y que Pfizer "asumió el riesgo de acelerar procesos".

"Esta velocidad requerida por todo el mundo trajo aparejado el riesgo inusual sin precedente de demanda. Por eso, Pfizer pide cláusulas de inmunidad y otras protecciones. Son consistentes en 116 países que ya firmamos acuerdo", detalló Vaquer.

Es decir, una cobertura de inmunidad para en esta emergencia no poder ser acusados de negligencia ante la Justicia si las vacunas fallaban o producían efectos colaterales.

La secuencia fue la siguiente de estas reuniones de carácter urgente. El 29 de septiembre de 2020 se publicó el Trámite Parlamentario Nº 137 en la página web de Diputados.

Al día siguiente, la diputada K Cecilia Moreau, del Frente de Todos, preguntó al secretario de Gestión istrativa de Salud, Mauricio Monsalvo, si la palabra negligencia estaba incluida en el proyecto de ley, como se ve en el video de la cámara de Diputados.

Específicamente, preguntó a Monsalvo: “¿Las cláusulas propuestas en cuanto a la indemnidad incluyen indemnidad en cuanto a la 'negligencia' de los desarrolladores?”.

Monsalvo le contestó que no. Tres días después el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, el diputado K Pablo Yedlin, envió un documento a sus pares titulado “vac covid definitivo.docx”.

En ese documentó indicó que hubo varios aportes de “Tonelli, Cano, Najul inclusive Moreau y cosas que surgieron de las preguntas de hoy”. Allí por primera vez aparece la palabra “negligencia” escrita en el artículo 4º, precisamente como excepción a “las cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial”.

Ese artículo de la Ley 27.573 le permite al Gobierno incorporar en los contratos “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

El 1° de octubre, hubo un email de esa comisión de Diputados denominado “Material de Trabajo” donde se adjuntaron documentos para la reunión del día de la fecha.

Vaquer contó que ese mismo día, el 1° de octubre, negoció con Monsalvo y la negociación fracasó por la inclusión de la palabra negligencia y su implicancia jurídica para las leyes argentinas y norteamericanas.

El nombre del archivo es: “DICTAMEN 5072-D-2020 C.M.docx” y contiene el dictamen de comisión del expediente 5072-D-2020 con la redacción nueva del artículo 4º con la palabra “negligencia”.

La vicepresidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Carmen Polledo, avaló esta secuencia y criticó al gobernador Axel Kicillof por atribuirle la traba jurídica "a un miembro de la oposición", en alusión a Graciela Ocaña.

C.M. son las siglas de Cecilia Moreau, quien está vinculada políticamente con el entonces viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, uno de los más duros funcionarios contra los laboratorios.