Megaestafa inmobiliaria: hay 100 nuevas denuncias contra los L'Abbate y la familia ya tiene una estrategia

En la Comisaría 1B de la Ciudad de Buenos Aires, en Microcentro, los de la familia L’Abbate, y un socio, comparten el encierro y el silencio. Apenas unos metros cuadrados para quienes hasta hace poco encabezaban un imperio inmobiliario que se desmoronó con la velocidad de un castillo de naipes. Están todos ahí: el patriarca, sus hijos y un copartícipe. Los procesados son Vito Antonio L’Abbate, Emanuel Andrés L’Abbate, Juan Ignacio L’Abbate, Santiago David L’Abbate y Patricio Gastón Flores, acusados de integrar una asociación ilícita destinada a cometer múltiples maniobras defraudatorias mediante fideicomisos inmobiliarios.

Por su parte, Flores, quien firmó la mayoría de los boletos de compraventa, pidió a la Justicia permanecer separado del resto. Fue trasladado a otra comisaría. Su decisión no es menor: marca “la grieta” que ahora atraviesa a este grupo acusado de una de las estafas inmobiliarias más grandes de los últimos tiempos.

A la espera de que se les asigne un cupo en el Servicio Penitenciario, los principales imputados aguardan el avance de una causa que no deja de crecer: la Justicia confirmó a Clarín que ya se acumularon 100 denuncias a las 50 que ya existían. La trama de engaños incluye departamentos vendidos hasta seis veces, sociedades fantasmas y excusas que se repetían como un guión. Mientras la Justicia avanza con procesamientos firmes por estafa y una posible asociación ilícita, los L’Abbate afinan una estrategia para eludir la condena más dura.

La estrategia

En la última audiencia donde Vito y Emanuel L'Abbate pidieron ampliar sus declaraciones, padre e hijo intentaron desligar de responsabilidades a otros de la familia, entre ellos los más chicos del clan, Juan Ignacio y Santiago L'Abbate, además de Gastón Flores. La maniobra busca presentar a los demás como simples empleados ajenos al diseño de la estafa. Según el abogado Nicolás Pelliccioni, “la estrategia es clara: absorber toda la responsabilidad para que no les imputen la asociación ilícita y les quede solo la estafa, que tiene una pena mucho menor”.

"Ellos dicen que no son una familia que inventó una asociación para estafar a la gente, que ellos tienen un montón de departamentos entregados y que en realidad todo pasó por problemas financieros. Lo cual es totalmente mentira, porque ellos sabían lo que estaban haciendo, que estaban vendiendo una misma propiedad hasta seis veces. Esa es su defensa", dice el abogado a Clarín.

Flores, quien firmaba la mayoría de los boletos de compraventa, también busca desmarcarse. Según fuentes cercanas, en la última audiencia que se celebró el último martes, aseguró que desconocía la maniobra y que fue engañado por la familia con la que mantenía una relación de confianza desde la adolescencia. “Yo era un empleado, me cagaron la vida”, habría dicho en su descargo.

Actualmente, la defensa de los acusados se centra en apelar la prisión preventiva, que había sido solicitada por la fiscal Mónica Cuñarro que lideró la investigación de la megaestafa inmobiliaria. En el caso de Santiago L'Abbate y Juan Ignacio L'Abbate pidieron a través de sus abogados una morigeración de la medida cautelar para que les den domiciliaria.

Sin embargo, los procesamientos por estafa están firmes y la apelación por asociación ilícita sigue su curso.

A la estrategia del clan se le suma el cambio de abogado, ya que previo al dictamen de la prisión preventiva Emanuel, Vito y Gastón tenían al mismo abogado. Tras la decisión de la jueza Paula González, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, que ordenó el procesamiento, Flores cambió de abogado y hoy cuenta con defensora oficial.

La indignación crece al mismo ritmo que las denuncias, los denunciantes crearon una cuenta de Instagram para que otros damnificados se sumen al reclamo: @damnificadosinduplack

"Pueden ser más damnificados, hay gente que se está sumando cada vez más y vamos a ir a la Justicia para poder sumarlos a la causa", aseguró Nicolas.

El caso

El caso explotó cuando se reveló que los L'Abbate habían llegado a vender hasta seis veces el mismo departamento en distintos emprendimientos inmobiliarios. Los hechos investigados comprenden la comercialización fraudulenta de inmuebles en proyectos istrados por parte de Induplack Fiduciaria S.A., perjudicando a decenas de compradores. Las víctimas entregaban dinero por unidades que no eran construidas, que quedaban a medio terminar o incluso que eran entregadas a terceros.

“Sin embargo, no obstante haber recibido los fondos suficientes como para cubrir el costo de la construcción, los imputados desviaron el dinero recibido en su propio beneficio y/o de terceros”, describe el documento donde se dictaminó la prisión preventiva para los, hasta ahora, cinco imputados. Lo que parecía ser una buena oportunidad se transformó rápidamente en una tragedia financiera para cientos de inversores.

Entre las víctimas se encuentran personas que firmaron boletos de compraventa por departamentos en fideicomisos ubicados en Rivadavia 7159, Oliden 660, Ibarrola 6517, Fragata Presidente Sarmiento 2070/72, Alberdi 6683, México 1640, entre otros.

En uno de los casos, la damnificada describió el edificio como “un edificio fantasma” con unidades cerradas y boletos pegados en las puertas.

“Induplack Fiduciaria S.A., en su rol de fiduciaria, tenía a su cargo la istración de los fideicomisos que se constituyeron para el desarrollo de proyectos inmobiliarios (...) sin embargo, cuando se cumplía el plazo para la entrega y la escrituración, las obras no habían concluido o ni siquiera habían comenzado”, sostiene la resolución.

La jueza también dispuso el congelamiento de los bienes y dinero de todos los procesados, considerando la gravedad de los hechos y la necesidad de resguardar la restitución a las víctimas.

La dimensión del fraude es monumental. Además de las causas penales, existen decenas de causas civiles paralelas y cientos de damnificados que recién están empezando a entender que fueron estafados. Algunos casos son especialmente alarmantes, como el de un edificio terminado sobre Oliden que estaba a punto de ser escriturado y hoy enfrenta una posible subasta judicial que dejaría en la calle a decenas de familias.

La querella también apunta a ampliar las responsabilidades y sumar a nuevos imputados vinculados al holding de sociedades ficticias.

MG