Por primera vez desde el retorno a la democracia, Argentina no tiene ninguna política de género.

"Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, que eran financiados por todos los argentinos. Entre ellos se encuentra el insólito 'MenstruAR'", escribió en redes el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

Y detalló:

Los 13 programas que eliminamos son:
1. Menstruar.
2. Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad.
3. Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad.
4. Escuelas populares de formación en género y diversidad ‘Macachas y Remedios’.
5. Perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural ‘Sembrar Igualdad’.
6. a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero.
7. Dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género.
8. Participación social y ciudadana en materia de género y diversidad.
9. Igualdad de géneros en el trabajo, el empleo y la producción ‘Igualar’.
10. Apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género.
11. Capacitación en perspectiva de género y diversidad para el sector privado ‘Formar Igualdad’.
12. Producir.
13. Generar.

"Eliminar este despilfarro le ahorrará $6.000 millones de pesos por año a los argentinos", concluyó el funcionario, que no se dedicó a explicarle a la gente de qué se tratan los programas, qué cuenta hicieron para llegar a esa cifra y si el número es representativo entre los gastos e inversiones del Estado. Varias organizaciones salieron a cuestionarlo.

"Inventar un enemigo" 4h1z6d

Desde Amnistía señalaron que "el ministro de Justicia anunció la eliminación de 13 programas clave para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y garantizar el a derechos fundamentales como la salud sexual, reproductiva y el trabajo de mujeres y diversidades. Es sumamente preocupante que bajo el argumento de eficiencia y reducción del gasto público se busque inventar un enemigo con el cual confrontar, en lugar de ocuparse de los problemas reales".

"La eliminación de estos programas agrava la vulnerabilidad de quienes más lo necesitan. La eliminación del Programa para el Apoyo Urgente ante casos de violencias extremas por motivos de género, que entre 2020 y 2023 acompañó a 891 familiares de víctimas de violencia de género extrema, deja sin protección a los hijos/as y familiares de las víctimas de femicidios, perpetuando la impunidad y la desprotección", agregaron.

"Además, se elimina el Programa de Fortalecimiento del a Derechos para Personas Trans, que ha sido clave para garantizar el a la salud y la inserción laboral de una población sistemáticamente excluida, cuya esperanza de vida no supera los 40 años. Lo que, en cambio, sí es ideológico es dar la espalda a las mujeres y personas LGBTI + víctimas de violencia de género", concluyeron desde Amnistía.

"No hay plan" 2ek22

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) también contestaron con un extenso documento. Acá te resumo algunas ideas.

"Muchos de estos programas nacieron para dar respuesta a un problema concreto y persistente: la violencia hacia las mujeres por razones de género, que requiere una intervención integral del Estado para poder dar una respuesta real y efectiva a las distintas formas en que se expresa".

"¿Cuál es la propuesta para cumplir con la obligación de prevenir y proteger a las mujeres frente a la violencia de género? No podemos desconocer que la violencia hacia las mujeres por razones de género sigue existiendo. Basta con mirar los datos sobre violencia sexual y la violencia en las parejas. Negarla no la elimina. Solo agrava sus consecuencias".

"En junio del 2024, organizaciones de la sociedad civil presentamos una acción judicial exigiendo al Ejecutivo certezas sobre cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres. El Estado tiene la obligación de generar un Plan Nacional de Acción contra las violencias para explicitar cuáles son las políticas públicas que existen y cómo se coordinan con el trabajo en las provincias. La acción fue acompañada de una medida cautelar, concedida en diciembre de 2024 y revocada posteriormente por la Cámara Federal de Apelaciones. Hoy espera la confirmación de si llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"La preocupación no es solo nuestra. En su informe anual 2024, publicado hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la reestructuración del Estado iniciada en diciembre de 2023 ha debilitado gravemente la institucionalidad en materia de género. También señaló con alarma que altas autoridades niegan públicamente la existencia de la violencia de género, enviando un mensaje deslegitimador que puede habilitar su reproducción".

Desde el 1 de enero al 30 de abril de 2025 hubo 96 víctimas de violencia machista, según el último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro. A causa de estos femicidios, 83 hijas e hijos quedaron sin madre. Seis de cada diez agresores eran parejas o exparejas. El 66% de las mujeres fueron asesinadas en su propia casa.

El gobierno no actúa así por desidia. Que no haya plan es parte de un gran plan. Hay regocijo de esa ausencia. Es provocación. Y no se trata de dinero.

Solo el 13,8% puede decidir de forma autónoma sobre su parto 57324n

Este martes terminó la Semana Mundial por el Parto Respetado, y en ese marco, la Campaña Nacional Contra la Violencia Ginecobstétrica impulsó que el 17 de mayo sea reconocido oficialmente como el Día para la Erradicación de la Violencia Ginecobstétrica, un paso clave hacia el reconocimiento institucional y la construcción de políticas públicas con perspectiva de derechos.

Bajo la consigna “¡La violencia ginecobstétrica es violencia de género!”, invitaron a sumarse con un pañuelo rojo, símbolo de esta lucha. Este tupo de violencia incluye prácticas como intervenciones sin consentimiento informado, trato despersonalizado, abuso verbal o físico, uso de la coerción, infantilización y negación del dolor.

El relevamiento nacional realizado entre 2023 y 2024 por el Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA) y la Campaña reveló que:

● El 31% de las personas encuestadas reportó intervenciones médicas sin
consentimiento informado.
● El 45% sufrió maltrato verbal y el 46%, maltrato psicológico.
● Solo el 13,8% pudo decidir de forma autónoma sobre su atención.

La Campaña sostiene que "estos datos reflejan un entramado estructural de violencia que requiere respuestas urgentes, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género".

Esterilización forzada: Por primera vez en la historia, un caso de esterilización forzada en Perú llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Se trata del caso de Celia Ramos, quien fue víctima de esta práctica como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, una política estatal discriminatoria implementada durante el régimen de Alberto Fujimori, en un contexto de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Durante la intervención quirúrgica, Celia sufrió un paro respiratorio. Ni el personal de salud, ni el centro médico contaban con los recursos, ni la capacidad para atenderla. Celia falleció 19 días después.

Audiencia pública: La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia pública que se hará este jueves 22 en Guatemala. En la audiencia participarán la familia de Celia Ramos y su defensa legal, formada por la organización feminista Demus - Estudio Para la Defensa de los Derechos de la Mujer-, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos, quienes llevaron el caso ante el máximo tribunal de derechos humanos de la región.

¿Quién era Celia Ramos? En 1997, Celia Ramos de 34 años y oriunda de Piura, acudió a un puesto de salud buscando atención médica. Desde ese momento, fue objeto de presiones y desinformación por parte de personal de salud, que incluso la visitó varias veces en su casa, dándole información incompleta e imprecisa para forzarla a someterse a un procedimiento de ligadura de trompas. Celia murió 19 días después como consecuencia de esa intervención.

El camino de la Justicia: Su caso es emblemático y representativo de otros miles. Lo que determine la Corte podría hacer que el Estado peruano tenga que reparar a las víctimas de este caso y abrir el camino de la justicia.

¡Hasta la próxima!