Hay dos fechas que tiene en cuenta CFK atadas a su armado político. La precisión de ese calendario dista mucho de la falta de plazos con el que cuenta la Corte para dar a conocer su criterio sobre la única sentencia condenatoria que pesa sobre la ex vicepresidenta.

• Posibilidades. El 19 de julio cierran las listas en la provincia de Buenos Aires para quienes pretendan competir en los comicios fijados para el 7 de septiembre. Previo a eso, el 8 de agosto se oficializarán las boletas de cada espacio. Hay otro calendario que mira con atención la presidenta del PJ Nacional: el 7 de agosto se cierran las alianzas a nivel nacional, y diez días después las listas. Quienes se inscriban en esa fecha competirán el 26 de octubre. Son las dos opciones que Cristina Kirchner tiene de cara al año electoral en curso.

• Los plazos judiciales. Todo quedará supeditado a lo que diga la Corte. Si se pronuncia antes y durante esas fechas, será el punto final para cualquier pretensión electoral de la ex vice. La eventual confirmación de la condena por corrupción tiene dos efectos inmediatos: la privación de la libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

• ¿Y si asume? Uno de los escenarios posibles es que CFK compita, gane las elecciones de medio término, pero antes de jurar la Corte adopte un criterio sobre el Caso Vialidad. Si confirma, no podrá jurar ni asumir su banca. Si gana los comicios y jura como diputada y después de esa fecha se pronuncia el máximo tribunal, será el Congreso quien deba quitarle los fueros para que la sentencia sea de efectivo cumplimiento.

#1. Las internas de la Corte y una decisión clave 213c9

El ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, es el único que en entrevistas radiales y televisivas dijo que el máximo tribunal debería pronunciarse con celeridad sobre el Caso Vialidad, entendiendo la envergadura del expediente y su impacto en la escena pública. Sus pares, Horacio Rosatti (presidente) y Carlos Rosenkrantz (vicepresidente), no hicieron declaraciones públicas y puertas adentro, se abocan al análisis del caso.

• Recusación. La primera en reaccionar a las declaraciones mediáticas de Lorenzetti fue la propia Cristina Kirchner. Su abogado, Carlos Beraldi, presentó hace diez días un escrito recusando al ministro de la Corte, poniendo en duda su independencia del Poder Ejecutivo y su imparcialidad por sus dichos en diversas entrevistas. Días después, envió un memo interno a sus pares del máximo tribunal, pidiendo un rechazo in límine del planteo (es decir, sin previo análisis). Sus pares, una vez más, eligieron el silencio y el escrito está en carpeta para ser analizado.

• Las internas. Pese a que solo hay tres integrantes de los cinco con los que debe contar la Corte, las internas no faltan. Este lunes se hizo un sorteo para convocar a dos conjueces para intervenir en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Baéz está condenado a 10 años de prisión. La disidencia se produjo por un tema técnico: Rosenkrantz, ante un planteo de aplicación de la ley más benigna en materia de lavado de activos, quería pedir la opinión del Procurador General de la Nación. Rosatti y Lorenzetti consideraron que no era necesario, pero minutos después trascendió -desde una vocalía- que Rosenkrantz había pedido revocar la condena, algo que no era cierto. La unanimidad es un tema difícil por estos tiempos, ¿ocurrirá lo mismo en Vialidad?

• Los plazos. La Corte no cuenta con plazos para pronunciarse sobre ningún expediente. Nunca queda en claro, tampoco, cuál es el criterio aplicado: por qué algunos fallos salen en pocos meses, otros tardan años y años. Hay una fecha que nadie pierde de vista: los delitos de corrupción prescriben. Nadie arriesga si fijarán postura sobre Vialidad en el transcurso de los próximos meses mientras corre el calendario electoral tanto bonaerense como a nivel nacional. “La Corte falla cuando falla”, señalan en los pasillos del imponente edificio. La imprevisibilidad es parte del poder con el que cuenta el máximo tribunal.

#2. Luz verde con un duro dictamen 1j75v

Hace menos de una semana el Procurador General, Eduardo Casal, firmó un dictamen de 13 páginas con el que convalidó lo sostenido por el Ministerio Público Fiscal desde la etapa de instrucción hasta los alegatos del juicio oral: Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita. ¿Prosperará en la Corte este planteo?

• Camino allanado. La Corte Suprema, tras el dictamen del jefe de los fiscales, quedó en condiciones de resolver el caso Vialidad. Se necesitaba contar con el expediente consolidado, con todos los planteos que ingresaron a finales de febrero al máximo tribunal. Mientras el recurso de queja del fiscal general, Mario Villar, era enviado a la Procuración, en la oficina penal de la Corte se encontraban los otros nueve acusados. A cada cortesano se le remitió un informe: cuántos recursos ingresaron, a qué defensas corresponden, entre otros aspectos de rigor técnico.

• Dos caminos, una misma resolución. La Corte tiene, al menos, tres escenarios posibles. El primero es rechazar el recurso de queja, este criterio deja firme la decisión de la instancia anterior, esto es, la confirmación de la sentencia condenatoria por parte de la Cámara de Casación. La segunda alternativa es que la Corte resuelva abrir las quejas, analizarlas y llegar a la misma conclusión: el rechazo de los planteos. Una vez más, eso deja firme la condena y será de cumplimiento efectivo.

• ¿Y la asociación ilícita? Es el delito más complejo para los jueces de juicio y de la instancia revisora, la Casación. No hay ningún político en funciones, como fuera de ella, que haya sido condenado por asociación ilícita en delitos de corrupción. Es una figura que se aplica mayoritariamente al narcotráfico. En segundo término, si la Corte convalida lo dicho por Casal (un dictamen que no es vinculante) se comienza a recorrer un camino mucho más extenso: el caso vuelve a Comodoro Py y será otra sala del máximo tribunal penal la que deberá analizar la sentencia y si debe ser modificada.

Una de las figuras penales más controvertidas por la amplitud de su concepto es la asociación ilícita. Para los fiscales de instrucción (Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques) Cristina Kirchner fue jefa de una asociación ilícita. La acusación fue convalidada por el juez federal Julián Ercolini cuando mandó el caso a juicio oral.

Para el fiscal general, Diego Luciani, no había ninguna duda: el tipo de organización investigada, que perduró a lo largo de doce años, con una gran cantidad de personas involucradas (más de tres) con la voluntad de cometer el ilícito, con roles y funciones bien determinadas, generando así una indeterminación de hechos delictivos, responden a una asociación ilícita.

El reclamo fue sostenido hasta la Corte Suprema por el fiscal general, Mario Villar, quien dijo en su queja que hubo una marcada arbitrariedad por parte de la Casación de elementos concretos que no fueron tenidos en cuenta a la hora de rechazar el delito de asociación ilícita.

Los jueces de juicio, como los del máximo tribunal penal, rechazaron en ambos casos, con voto mayoritario, este delito. Es una figura que, en líneas generales, Comodoro Py no suele aplicar en sentencias condenatorias. Bien saben los magistrados que todo construye jurisprudencia. La Corte lo entiende mucho más aún.

Pero, algunos sostienen que si la Corte no quiere entrar en una discusión tensa con el kirchnerismo, sobre el fallo que podría dictar, podría asistir en razón al Procurador Casal.

En tal caso, la única que gana es Cristina Kirchner. Del otro lado de ese criterio, replican: “La Corte toleró por más de un año y medio un juicio político del kirchnerismo, esta Corte no resuelve en función de la política”.

En los últimos días, conocimos algunos detalles del estado precario en el que está trabajando el Poder Judicial. Veamos:

• Calamitoso. Un informe del Consejo de la Magistratura y otro de la Procuración enumeran problemas gravísimos en el edificio de Comodoro Py, donde se juzga el lavado, contrabando, trata y corrupción de los funcionarios nacionales. Encontraron despachos inundados, ascensores que no funcionan hace cuatro años, un tanque de agua rajado, un cableado que data de 1930 y la ausencia del sistema contra incendios, entre otras fallas. Leer más
• Resistencia. En paralelo, el Gobierno avanza con la implementación del sistema procesal acusatorio, pero tanto la Procuración como la Cámara Federal de Casación Penal advirtieron que necesitan una "previsión responsable de recursos". Apuntan que un escaso presupuesto y la infraestructura deteriorada podrían hacer "peligrar el correcto funcionamiento" del nuevo sistema. Leer más

Nos reencontramos el martes que viene.